Andalucía Inclusiva COCEMFE ha desarrollado la acción formativa “Procedimiento de valoración del grado de discapacidad: solicitud, revisión y defensa de derechos”, dirigida a profesionales de su red asociativa con funciones de orientación, acompañamiento e intervención directa.

La sesión, celebrada en modalidad online el pasado 3 de marzo, se enmarca en el proyecto de mejora del acompañamiento asociativo en los procedimientos de valoración de discapacidad, una línea estratégica orientada a reforzar las capacidades técnicas del movimiento asociativo en un ámbito determinante para el acceso a derechos, prestaciones y recursos. Esta iniciativa está siendo financiada por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.

La apertura institucional contó con la participación de Pere Calbó Roca, director general de Personas con Discapacidad de la Junta de Andalucía, y Rocío Pérez Gómez, presidenta de Andalucía Inclusiva COCEMFE, quienes situaron el papel clave de las entidades en el acompañamiento a las personas con discapacidad en los procedimientos administrativos.

El desarrollo de la formación se estructuró en torno a dos bloques principales que permitieron un abordaje complementario, técnico y aplicado:

Por un lado, se abordó la evaluación participativa del nuevo baremo de discapacidad, analizando su implementación y efectos en la práctica, a cargo de Daniel Aníbal García Diego, secretario de Finanzas en COCEMFE y presidente de IGUALIS, FEACEM y FEDHEMO.

Por otro, se profundizó en el procedimiento de valoración, las revisiones de grado y las reclamaciones, desde una doble perspectiva jurídica y técnica, con la participación de Olga Torres Ripoll, asesora jurídica de la FAAM, y José Antonio Olmo Vega, médico valorador en el Centro de Valoración y Orientación de Sevilla.

Durante la sesión se trabajaron de forma práctica las distintas fases del procedimiento, incorporando claves para la gestión de expedientes y la defensa de derechos ante posibles discrepancias en la valoración administrativa.

La participación de los equipos técnicos evidenció la necesidad de seguir reforzando el conocimiento especializado en este ámbito, especialmente ante los retos derivados de la aplicación del nuevo baremo y su impacto directo en la vida de las personas con discapacidad.

Esta acción se integra en una línea de trabajo orientada a consolidar un acompañamiento asociativo más cualificado, homogéneo y alineado con el marco normativo vigente, reforzando el papel de las entidades como agentes clave en la garantía efectiva de derechos.