“La lucha por los derechos de las mujeres no es solo una cuestión de igualdad, sino una cuestión de justicia y libertad” afirmó Clara Zetkin, activista y teórica del feminismo, y, como cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, alzamos la voz para reivindicar nuestros derechos: exigiendo que se protejan frente a todo tipo de discriminación; pidiendo que la igualdad se fomente para transformar la sociedad; e impulsando el empoderamiento para garantizar nuestra participación plena.

Este 2025 se cumple el 30º aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, un año clave para recordar la importancia de un acuerdo que marcó un punto de inflexión en la historia de la lucha por los derechos de las mujeres y las niñas a nivel mundial. Los acuerdos alcanzados sentaron las bases para que las políticas públicas se fijaran objetivos en áreas clave de nuestras vidas, como la salud, la educación, la participación política o la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Los Estados se comprometieron a legislar e invertir en aras de una igualdad real que, 30 años después, seguimos sin alcanzar.

Y es que la Declaración y Plataforma de acción de Beijing, que fue adoptada por 189 estados, sigue constituyendo el documento más progresista y protector de los derechos de las mujeres y de la igualdad de género, poniendo por primera vez sobre la mesa la realidad, así como la necesidad de atender los derechos de niñas y mujeres con discapacidad para promover nuestra participación en igualdad de condiciones.

Este documento defiende que nuestros derechos no son ajenos ni deben ser tratados de modo separado al del resto de mujeres. Supone un hito importante para el feminismo, conformando que todas las mujeres debemos estar unidas en nuestras reivindicaciones para eliminar la sociedad patriarcal y avanzar hacia un modelo más justo en el que todas las personas tengamos los mismos derechos y oportunidades.

En este sentido, la agenda política global, ha seguido esta hoja de ruta. Aunque los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas siguen presentando grandes retos y desafíos para la comunidad internacional. La consecución de los ODS sólo será posible si las mujeres y las niñas pasamos a ser protagonistas de la historia, y ello requiere que se ponga especial atención en la defensa y protección de los derechos fundamentales de las mujeres y niñas con discapacidad. Somos nosotras quienes vivimos una discriminación interseccional que incide de manera directa en nuestra situación de vulnerabilidad, limitando nuestros derechos y perpetuando un sistema patriarcal.

En el caso de España, desde el movimiento asociativo de las mujeres con discapacidad celebramos el avance legislativo que supuso la reforma del artículo 49 de la Constitución el pasado año, un reconocimiento a nuestras reivindicaciones y un gran paso en la salvaguarda de nuestros derechos. El cambio de paradigma respecto al uso de la expresión “personas con discapacidad” antepuso, por vez primera, el reconocimiento como titulares de derechos. A las mujeres con discapacidad no nos define el hecho de tener una discapacidad, es una condición más que, hasta ahora, era considerada de manera peyorativa. Transformar el lenguaje entraña evolucionar, ampliar la mirada, cambiar el imaginario colectivo y, por ende, nuestra realidad.

Junto a ello, y relacionado con la necesidad de proteger los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, desde CEMUDIS queremos poner el foco en la normalización que sigue existiendo frente a la vulneración de derechos de las niñas y mujeres respecto al ejercicio de la justicia. El análisis de su estado refleja cómo, desde la judicatura, se perpetúan prejuicios que soslayan los derechos fundamentales de las mujeres. De igual modo, nos preocupa el incremento de los discursos de odio por distintos agentes con gran poder de persuasión, que limitaría los avances en igualdad y en derechos y podría provocar, incluso, retrocesos en los avances alcanzados.

Por último, este 8M, y en base al impulso al empoderamiento de las mujeres y niñas con discapacidad como telón de fondo, creemos necesario tratar el sesgo que existe en el desarrollo de la Inteligencia Artificial. El impacto de la IA en nuestras vidas es latente, y nos preocupa la falta de regulación que hay. Si bien su potencial es indiscutible, la necesidad de establecer límites éticos también. El sesgo que denunciamos se debe, entre otros factores, a la falta de representación de las mujeres en el sector de la computación y la codificación, donde las mujeres representan el 12% del personal que investiga en IA y sólo el 6% quienes se dedican a la programación, lo que supone que el 88% de los algoritmos son creados por hombres. Esto se traduce en que las aplicaciones de IA reproducen los estereotipos de género que impregnan la sociedad. El sexismo, así, se traslada a las nuevas aplicaciones, reproduciendo y reforzando la discriminación interseccional que vivimos las mujeres y niñas con discapacidad. Según datos del estudio “Autopercepción de la imagen de las mujeres en los nuevos entornos digitales”, las mujeres con discapacidad estamos “profundamente invisibilizadas”.

Además, hay que considerar el impacto de la desinformación y los deepfakes ligado al desarrollo de la IA, lo que se traduce en una normalización de la violencia, afianzando un relato en el que los nuevos sistemas de representación transmiten una visión distorsionada de la realidad, llegando, incluso, a posturas negacionistas respecto a la ciberviolencia.

Por todo ello, CEMUDIS y todas las entidades confederadas, reivindicamos:

• Que se concreten medidas reales y se dote de la financiación necesaria para garantizar leyes que pongan el foco en nuestra realidad y en la atención a las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad.
• Que se impulsen cambios normativos que mejoren las leyes y doten de instrumentos para proteger los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad.
• Que los organismos internacionales velen por el cumplimiento de las políticas relativas a los derechos de las personas con discapacidad.
• Que se revisen, aseguren y actualicen las formaciones especializadas en igualdad orientadas a jueces y fuerzas y cuerpos de seguridad que intervengan en los procesos relacionados con mujeres y niñas que han vivido situaciones de violencia, con énfasis en las mujeres con discapacidad dada la discriminación interseccional que vivimos.
• Que se garantice la accesibilidad universal a la justicia y a los servicios de atención, tanto de naturaleza presencial cómo a través de dispositivos telefónicos o digitales. Es preciso garantizar la accesibilidad en todas sus tipologías: física, visual, auditiva y cognitiva, por lo que se debe abordar la adopción de sistemas de gestión de la accesibilidad universal.
• Que se desarrollen sistemas de control para proteger a niñas y mujeres con discapacidad de las nuevas formas de violencia en especial de la violencia digital.
• Que se garanticen los apoyos y ajustes necesarios para que niñas y mujeres con discapacidad accedan a la formación adecuada a sus capacidades de cara a promover su futura inclusión en el mercado laboral.
• Que se incorporen cursos en nuevas tecnologías de la información y la comunicación en las formaciones académicas regladas y no regladas a mujeres y niñas con discapacidad.
• Que se garantice un sistema de promoción de la autonomía poniendo el centro en la persona y atendiendo a sus deseos y demandas independientemente de su lugar de pertenencia.
• Que se dote de la financiación necesaria para desplegar un sistema que impulse la autonomía personal e independencia de las mujeres con discapacidad.
• Que el indicador de género y discapacidad se tenga en cuenta en todos los estudios, investigaciones, medidas y políticas públicas que se pongan en marcha.
• Que se pongan en marcha campañas de sensibilización que promuevan una imagen real y normalizada de niñas y mujeres con discapacidad. Las mujeres y niñas con discapacidad queremos sentirnos representadas en todos los ámbitos y esferas sociales.
• Que se generen entornos digitales seguros, creando órganos y medidas de regulación sobre los contenidos digitales.
• Que se incluyan formaciones sobre violencia de género digital para tomar consciencia sobre cómo identificarla, prevenirla y denunciarla.
• Que se desarrollen protocolos de actuación frente a la violencia de género digital, estableciendo procesos de evaluación y canales de denuncia.
• Que se promueva la sensibilización, la coeducación y la formación en igualdad desde un enfoque interseccional como base de una sociedad que aspira a ser más igualitaria y justa.
• Que se potencie el papel de las entidades que trabajan directamente con mujeres como herramienta para promover su empoderamiento.