El Defensor del Pueblo señala a Andalucía entre las comunidades con más quejas por la gestión de la dependencia
El Informe Anual 2024 del Defensor del Pueblo vuelve a poner el foco en los graves retrasos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), situando a Andalucía —junto a Canarias— entre las comunidades autónomas que acumulan un mayor número de quejas ciudadanas.
Las reclamaciones por demoras en la tramitación de solicitudes, recursos y reclamaciones han continuado en aumento hasta representar una cuarta parte del total de expedientes gestionados en materia de política social. Aunque el Defensor del Pueblo ha emitido recomendaciones específicas a otras comunidades como Madrid y Galicia, Andalucía destaca por el elevado número de quejas recibidas, lo que evidencia una situación especialmente crítica en la gestión del sistema y en el acceso real a los derechos reconocidos por ley.
Asimismo, el informe alerta sobre la persistencia de retrasos estructurales en la valoración del grado de discapacidad, que en algunos casos superan los cuatro años. La institución ha formulado diez recomendaciones dirigidas a las administraciones autonómicas para mejorar los procedimientos, reforzar los equipos de valoración y coordinar los sistemas de dependencia y discapacidad.
En el caso concreto de Andalucía, el Defensor advierte de que las recientes medidas normativas, como el Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administración de la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad económica en Andalucía, no han corregido la insuficiencia de recursos públicos y concertados. Como consecuencia, se ha producido un incremento de las quejas por listas de espera, tanto para la valoración como para la efectividad de las prestaciones.
Desde Andalucía Inclusiva COCEMFE alertamos de que esta situación tiene consecuencias directas sobre la vida de miles de personas en situación de dependencia y de sus familias, que continúan esperando una respuesta efectiva por parte de la administración autonómica. Es urgente adoptar medidas que garanticen el cumplimiento de los plazos, la transparencia en los procedimientos y la adecuación de los recursos a las necesidades reales de la población.
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