Belén Zurbano Berenguer

Profesora de Comunicación de la Universidad de Sevilla

Es bien conocido el refrán “prefiero ser dueña de mis silencios que esclava de mis palabras”. Las palabras importan, y mucho, en la forma en la que dotamos de significado al mundo. Determinan los límites, impregnan de sentido, connotan la realidad que nombran y son el instrumento por el que nos reconocemos y conocemos lo que nos rodea. No obstante, las palabras, si quedan como meras impresiones en los textos no sirven de nada. O no desde luego para coadyuvar a los cambios necesarios en nuestro marco democrático de convivencia.

Hace apenas unas semanas, la Constitución española vio modificada la redacción de su artículo 49 para, por fin, desterrar el término “disminuido” y reemplazarlo por el de “persona con discapacidad”. Sin duda se trata de un motivo de celebración. La vergüenza y el sonrojo de emplear palabras inadecuadas y ofensivas para hablar de ciudadanas y ciudadanos dan paso a una nueva etapa de reconocimiento de derechos que permite soñar con un escenario de igualdad de oportunidades.

En la nueva redacción las mujeres (y las niñas) volvemos a ser el colectivo dentro del colectivo. La oportunidad que brindaba la modificación ha sido estratégicamente empleada y el articulado recoge que “se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad”.  Se despliega nuevamente ante todas la ambivalencia histórica que persiste y resiste. Por un lado, la alegría del reconocimiento: nuestras realidades específicas no quedan ya subsumidas en los términos heteropatriarcales que se venden como genéricos, por fin se nos ve, se nos nombra; por otro lado, la rabia que nace cuando se enfrenta en la carne, en los cuerpos, la interseccionalidad de las opresiones a las que aún estamos sometidas las mujeres. Esas que nos hacen deudoras (aún) de menciones ex profeso.

Las palabras no son solo envoltorios, son auténticas declaraciones de intenciones. La reformulación del texto constitucional es esencial en términos de promoción de cambios ulteriores. Necesitamos con urgencia políticas públicas y medidas correctoras que contribuyan de forma contundente y eficaz a garantizar la igualdad de derechos y oportunidades de toda la ciudadanía.

Sin duda estamos de celebración, pues se ha desterrado un término deleznable de nuestra carta magna, pero, a la vez, se abre un reto con renovada urgencia: la de dotar de herramientas efectivas el texto para que este se vuelva real y permita vislumbrar un horizonte de justicia para todas nosotras.