1.- Tras la situación de crisis que hemos vivido originada por el COVID-19, ahora
que empezamos las fases de desconfinamiento ¿Cómo ves la adaptación del
funcionamiento de los centros de día y UEDs cuando se instale esa “nueva
normalidad”? ¿Será a corto o medio plazo?

Más bien deberá ser progresiva. Son muchas las dudas sobre cómo debe
retomarse la actividad en estos centros para ofrecer máximas garantías para las
personas usuarias. Cuestiones como el transporte, el mantenimiento de la
distancia social, etc…. Deben ser resueltas de manera que tanto profesionales,
familias y usuarios estén debidamente protegidos. Por otro lado el diseño de un
nuevo modelo de atención basado en premisas sanitarias y la necesidad de
implementar los equipos de protección necesarios tiene una influencia sobre los
costes del servicio que debe ser resuelta para darle viabilidad a los mismos.
Todo ello nos aboca a una vuelta gradual a la actividad sin un horizonte
temporal claro sobre cuando pueden estar funcionando estos dispositivos al
cien por cien de su capacidad asistencial.

2.- ¿Debería seguir dotando la administración con mayor número de equipos de
refuerzo SANITARIOS para la atención residencial, dada la incertidumbre sobre
la evolución del virus en las fases de desescalada? ¿O no es tanto el número
como mayores equipos de protección – test, mascarillas, etc.…?

El paradigma de las RGA de gravemente afectados en nuestro colectivo ha
quedado en evidencia con esta pandemia. Nuestras residencias han
evolucionado durante los últimos años a un modelo sociosanitario, las personas
usuarias en los último tiempos han sido incluso derivadas de centros
hospitalarios, de manera que las iniciales necesidades asistenciales se han
implementado con otras nuevas sanitarias para las que evidentemente no hemos
dispuesto de los recursos necesarios. Es por ello que el modelo debe ser
analizado a fondo para dimensionarlo adecuadamente al perfil y necesidades de
las personas a las que atiende.

3.- ¿Crees que el personal de las residencias y centros de día se debe reforzar?
¿Debe dotarse por parte de la administración de recursos extras a las entidades
para ello?

Evidentemente esta es una necesidad cierta que debe ir unida a la revisión y
adecuación del precio plaza del servicio. La realidad muestra que hace falta más
personal sanitario específico, así como otras categorías. Si queremos que en
nuestras residencias se dé una atención digna y se responda de manera
profesional y con calidad a las personas usuarias que se integran en ellas, es
una urgencia abordar la revisión y subida del precio plaza.

4.- ¿Cómo crees que se debería gestionar y dotar la Administración la ayuda a
domicilio?

A mi manera de entender el servicio de ayuda a domicilio en nuestro colectivo
debería constituirse en un recurso que propiciara la autonomía personal. En este
sentido debería ampliar su catálogo de servicios, implementando, a los
puramente asistenciales, todos aquellos que propiciara una mayor autonomía y
participación de las personas con discapacidad gravemente afectadas. Un
modelo de vida independiente para ellas requiere de los apoyos necesarios para,
más allá de las actividades básicas de la vida diaria, alcanzar un plena
participación en la sociedad.

5.- ¿Cómo valoraríais nuestro voluntariado? ¿Qué funciones podrían hacer en
ambos servicios (centros residenciales y ayuda a domicilio)?

Actualmente hay que tener en cuenta que es una actividad suspendida y que no
se ha planteado su reactivación aún. El hecho de la vulnerabilidad de nuestras
personas usuarias y las severas medidas de protección y confinamiento han
aconsejado su no participación en las actividades desarrolladas en los centros.
Entiendo que en un futuro cercano, cuando volvamos a contar con un escenario
de normalidad, las personas voluntarias podrán reincorporarse al día a día de
los dispositivos. Ellos deben aportar un plus en la socialización de los usuarios,
permitiendo una mejor y mayor calidad de vida, lógicamente las tareas
específicas y asistenciales deben de continuar en manos de las personas
profesionales que se integran en las plantillas.

6.- ¿Hay suficientes equipos de protección para ello en estos momentos? Y en la
misma línea, ¿consideras que las entidades deban hacer acopio extra de EPIS
previendo un nuevo brote del virus?

Evidentemente en la actualidad existe una gran escasez de equipos de
protección, y sobre ellos deben tener una opción de preferencia los
profesionales de servicios esenciales. Creo que no debemos olvidar que esta
situación se ha originado por dos razones fundamentales; una ha sido la falta de
previsión al respecto y otra el acopio que se ha hecho de determinados equipos
de protección incluso por personas que ni siquiera los necesitaban. En este
sentido todos debemos ser muy responsables, debemos prever un número de
existencias adecuado para garantizar la protección de las personas y la
adecuada prestación de los servicios, pero un aprovisionamiento desmedido
puede generar nuevamente situaciones no deseadas y encarecimiento de los
equipos

7.- En relación con la ampliación del plazo de reserva de plazas que se ha
establecido por causa del estado de alarma, así como la asimilación de las
ausencias voluntarias a ausencias de atención sociosanitarias, dada la
incertidumbre actual sobre cómo va a evolucionar todo, ¿Crees que debieran
mantenerse y ampliarse a efectos de financiación y duración?

Creo que estas medidas extraordinarias deben estar vinculadas a situaciones
extraordinarias. Mientras duren los efectos de la pandemia se muestran como
adecuadas y acertadas para dimensionar los recursos a la realidad que se está
viviendo. Una vez se vuelva a la normalidad es justo que desaparezcan y se
articulen otras que garanticen la financiación y viabilidad más allá de aspectos
coyunturales.

8.- Se está trabajando en colaboración con la Escuela Andaluza de Salud
Pública, en la elaboración de un plan formativo tanto con los trabajadores de
residencias, cómo con los profesionales del Servicio Andaluz de Salud para
ampliar los conocimientos y habilidades para la prevención y cuidados
relacionados con el COVID19, ¿qué papel crees que deberían tener las entidades
de discapacidad física y orgánica?

Nuestro papel debe ser fundamental. Responsablemente debemos aportar los
conocimientos y especificidad que requiere la atención a nuestro colectivo para
que sean implementados los planes formativos que se desarrollen. Estamos
firmemente convencidos que la formación es el eje vertebrador del avance de la
calidad. Por ello la administración debe contar con nosotros Si todas las
necesidades del sector no encuentran cabida en la formación que deben recibir
los profesionales de nuestro ámbito difícilmente obtendrán una respuesta
adecuada.

9.- Respecto a las medidas tomadas por la Junta de Andalucía respecto a la
gestión actual de los centros de día y centros residenciales ¿Cuáles les pediríais
que adoptasen o modificasen?

Debe revisarse con detenimiento los paseos y salidas al exterior de las personas
usuarias. Sus especiales características y los pocos recursos para su
acompañamiento con los que contamos entendemos que generan mucho mayor
riesgo para ellos, así como una dificultad adicional para el desarrollo de los
planes de actuación ante el coronavirus que la propia administración nos ha
hecho realizar y aplicar. Mucha mayor exigencia en la atención sanitaria, en la
prevención y cuidados, en la sectorización, en el confinamiento y en las medidas
de protección… es difícil compatibilizarlo con las salidas y paseos de los
usuarios.

10.-Y siguiendo hacia el horizonte incierto que vendrá, ¿ Alguna idea sobre
cómo ir caminando ahora el tejido asociativo de la discapacidad para paliar e ir
previendo los efectos una vez pase esta situación?

El movimiento asociativo debe trabajar en mejorar su financiación sin descartar
tanto la vía pública como la privada. Situaciones como la que estamos viviendo
pone de manifiesto que sólo pueden hacerle frente adecuadamente las entidades
que cuentan con el suficiente músculo financiero para ello. Hemos vuelto a
asistir una vez más al cierre de entidades, con la consiguiente pérdida de
servicios y derechos de las personas que en ellas se integran, como única
solución a una crisis que ha vuelto a poner de manifiesto las debilidades del
sector.